37 diputados autorizan al Gobierno gastar $302 millones para membresía “premium” en la CAF

Foto con fines ilustrativos.
Una mayoría de 37 diputados aprobaron este jueves en primer debate el proyecto 23.614, que autoriza al Gobierno a usar $302 millones en los próximos 5 años para pagar una membresía “premium” en la Cooperación Andina de Fomento (CAF).
Costa Rica ya es parte de la CAF, pero se quiere que con este nuevo “grado” de adhesión, el país pueda tener acceso a créditos por montos cercanos a los $5.000 millones.
Esa es la razón por la que 4 diputados de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) votaron en contra, junto a la diputada independiente María Marta Padilla.
El diputado Eli Feinzaig trató por varios minutos de convencer al resto de diputados que pagar esta membresía no tiene sentido, cuando esos recursos se podrían usar para muchas cosas en el país.
Recordó que ya Costa Rica es miembro de este banco y tiene créditos con este organismo, pero también que es posible obtener acceso a préstamos con otros entes, en igual o mejores condiciones.
Feinzaig alertó además que el nivel de endeudamiento externo del país es peligroso. Ya que en apenas 2 años de esta administración, ya se le han aprobado a este Gobierno créditos por $7000 millones.
Calificó como un “cuento” cuando el Gobierno habla de asumir una deuda nueva porque es “más barata”, cuando ninguna de las últimas dos administraciones han podido pagar una deuda con ese argumento.
Los poco más de $302 millones para la membresía, se deberán hacer en 5 tractos.
El primer tracto sería por $62 millones, los cuales ya el Gobierno tiene presupuestados.
Posteriormente, se deben hacer otros 4 depósitos de aproximadamente $60 millones en los siguientes 4 años, para un total aproximado de $302 millones.
Contar con este nuevo estatus en la CAF le permitirá al país tener voz y voto en el directorio de este organismo.
Además, acceso a asistencia técnica en infraestructura pública (carreteras, agua, saneamiento, entre otros) y en salud.
El proyecto pasa ahora a consulta obligatoria a la Sala Constitucional antes de volver para un segundo debate.

Source
Bharley Quiros

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